ABOGADOS PRESENTAN FORMALMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIATIVA LEY DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN POR VÍAS AÉREAS Y SIMILARES.

BUSCA GENERAR CONCIENCIA EN LA CIUDADANÍA PARA EL USO DEL CUBREBOCAS Y, CONTRIBUIR A QUE DISMINUYAN LOS CONTAGIOS Y LAS MUERTES POR EL COVID-19.

EL CONGRESO DEL ESTADO ESTÁ EN LA MEJOR DISPOSICIÓN DE ESCUCHAR Y GENERAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ENFRENTAR LA CRISIS SANITARIA: DIP. MARTÍN JUÁREZ CÓRDOVA.

LA LEY PLANTEA LA APLICACIÓN DE UNA MULTA QUE VA DE 1 UMA A 10 UMAS (85 PESOS A 850 PESOS), Y AL SERVIDOR PÚBLICO QUE PERMITA EL INGRESO A UNA INSTITUCIÓN O REALICE REUNIONES SIN PORTAR EL CUBREBOCAS, ASÍ COMO A LOS PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, Y TRANSPORTE, QUE LO PERMITAN, SERÁN ACREEDORES A UNA MULTA ECONÓMICA QUE VA DE 100 A 1000 UMAS.

El Congreso del Estado está en la mejor disposición de escuchar y generar la participación ciudadana que tenga el interés de contribuir a enfrentar con mayor responsabilidad la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 en San Luis Potosí, porque en estos momentos se debe privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos, señaló el presidente de la directiva de la LXII Legislatura, diputados Martín Juárez Córdova.

Fue durante una reunión que sostuvo con un grupo de abogados que presentaron formalmente ante el Congreso del Estado, la iniciativa de la Ley de Protección de la Personas contra Enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y Similares del Estado de San Luis Potosí, que busca generar conciencia en la ciudadanía para el uso del cubrebocas y, contribuir a que disminuyan los contagios y las muertes por el COVID-19.

Esta reunión que se desarrolló respetando los protocolos sanitarios, estuvo el diputado Martín Juárez, así como los abogados, Francisco Átala Dewey, Iván Gauna González, Irais González Zúñiga y  Beatriz Sarahí Aguilera, quienes expusieron que la intensión de esta Ley, es el establecer de manera obligatoria el uso de barreras para la protección de ojos, boca y nariz (cubrebocas-lentes),  ante una situación de emergencia sanitaria que se enfrenta en la actualidad.

La iniciativa fue entregada a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, donde el diputado Martín Juárez, se comprometió a darle el trámite correspondiente para ser atendida en base a la urgencia que amerita la ocasión, pues recordó que el Poder Legislativo y el trabajo de sus diputados está calificado dentro de las actividades esenciales a fin de que puedan atender cualquier situación extraordinaria que se pueda presentar ante una condición de emergencia.

Mientras tanto, los abogados señalaron que “no se busca crear una ley que este sustentada en castigar o una situación represora en contra de la ciudadanía, sino buscar disminuir el número de contagios en la población a consecuencia del Covid-19”. Además se explicó que como punto principal se propone que el ciudadano que no porte un cubrebocas y pretenda ingresar a una plaza comercial, transporte, instituciones públicas, restaurantes, sea sujeto a una amonestación verbal, sin embargo en caso de entender se procederá a invitarlo a retirarse del lugar o en su defecto hacer uso de la fuerza pública exclusivamente para retirarlo del lugar.

Expusieron que dentro de las sanciones de esta nueva ley se plantea la aplicación de una multa que va de 1 UMA a 10 UMAS (85 pesos a 850 pesos), mientras que a un servidor público que permita el ingreso a una institución o realice reuniones sin portar el cubrebocas, así como a los propietarios de establecimientos comerciales, y transporte, que lo permitan, serán acreedores a una multa económica que va de 100 a 1000 UMAS.

Además, se consideró que para ser aplicables estas disposiciones se tendrá que establecer algunas atribuciones a la Secretaria de Salud, así como a las corporaciones de seguridad pública a fin de que puedan invitar a la población a portar las barreras de protección para la prevención de contagios y en todo caso para hacer efectivas las multas, sin que ello, contemple la figura del arresto u otra medida coercitiva que pudiera ir en detrimento de libre tránsito o derechos humanos de las personas.